Los trabajadores del cine y el audiovisual se declaran en situación de emergencia

En junio del año pasado el presidente Lenin Moreno se reunió con representantes del sector del cine y el audiovisual ecuatoriano. En esa reunión, el Presidente Moreno afirmó: “Debemos hacer un cine rentable. No puede ser que ustedes se sacrifiquen económicamente. Por eso, nosotros les ayudaremos a impulsar su industria”.

El pasado viernes 18 de enero de 2019, pocos meses después de su ofrecimiento, el Presidente de la República emitió sus objeciones a la Reforma de la Ley Orgánica de Comunicación. Una parte de esas objeciones tendrán un efecto contrario a la promesa empeñada por el Presidente.

El veto presidencial desarticula a la industria de producción de publicidad, propicia el cierre de varias empresas de la industria audiovisual y pone en situación de desempleo a miles de profesionales y trabajadores calificados del sector. Deja además en ambigüedad el futuro reglamento de la Ley, ante las posibles interpretaciones a la aplicación efectiva del artículo 36, referente a los contenidos interculturales.

La declaratoria de emergencia del sector del cine y el audiovisual del Ecuador responde a la falta de respaldo y de compromiso por parte de la Presidencia y el Gobierno Nacional.

Esta falta de respaldo no solo está manifestada en el veto presidencial; tiene relación al tratamiento que el Gobierno Nacional ha dado a la información y a las observaciones que el sector del cine y el audiovisual entregó de manera completa y directa a altas autoridades del país: María Paula Romo (Ministra de Interior), Pablo Campana (Ministro de Comercio Exterior), Andrés Michelena (Secretario General de Comunicación de la Presidencia) y Edison Toro (Superintendente de Comunicación).

Para los trabajadores del cine y el audiovisual, el veto presidencial es indignante e inaceptable, por las siguientes razones:

1) El veto presidencial es inconstitucional. Vulnera el artículo 19 de los derechos de Comunicación e Información de la Constitución: “La ley regulará la prevalencia de contenidos con fines informativos, educativos y culturales en la programación de los medios de comunicación, y fomentará la creación de espacios para la difusión de la producción nacional independiente”. Precisamente, la Ley Orgánica de Comunicación vigente busca cumplir con este mandato constitucional. De allí, que la Sección VI de la Ley, sobre la Producción Nacional (artículos 97 a 103), contiene una serie de mecanismos de fomento a la producción nacional y nacional independiente.

Al eliminar los mecanismos de fomento para la producción nacional independiente (como la cuota de contenidos interculturales o la prohibición de importación de piezas de publicidad), el Gobierno ha tomado una decisión regresiva, en contra de los derechos de comunicación e información de los productores audiovisuales ecuatorianos.

2) El único argumento que el Presidente emite, para justificar la derogatoria del artículo 98 —que en la Ley vigente protege a la producción publicitaria ecuatoriana— se refiere a los compromisos internacionales. Esta información es imprecisa: todos los acuerdos comerciales tienen reservas o excepciones. Las hacen en particular dentro de los sectores de las industrias culturales y del audiovisual, por su carácter sensible y estratégico dentro de un entorno de conversión digital y dentro de la sociedad de información. El TLC entre Colombia y Estados Unidos, por ejemplo, contiene cuatro reservas o excepciones culturales, entre ellas la cuota de pantalla para televisión abierta.

3) Ecuador ha firmado, también, compromisos internacionales que le obligan a crear excepciones culturales en los tratados de libre comercio. Uno de los tratados internacionales que permite las reservas de mercado o la excepciones para las industrias culturales es la Convención sobre la Promoción y Protección de la Diversidad de Expresiones Culturales de la UNESCO. Este tratado fue firmado por el Estado ecuatoriano en el año 2005.

4) El Poder Ejecutivo no incluyó ninguna de las recomendaciones realizadas, de manera completa, técnica y cuantitativa, por los representantes del sector, incluidos los argumentos y la información expuesta dentro de este comunicado.

5) La Presidencia y el Gobierno ecuatoriano hacen caso omiso a la prioridad que el cine y el audiovisual ecuatoriano tienen dentro de la Ley de Fomento Productivo, y atenta contra ella, pues la masa crítica de las empresas que se beneficiarían de los estímulos de esa ley desaparecerán en los próximos meses.

6) La información presentada desde el Gobierno Nacional es imprecisa y parcial. La transitoria que supuestamente abre la posibilidad de medidas compensatorias a la eliminación de fomentos a la producción nacional es absolutamente general y desprovista de plazos y enfoques. Desde noviembre, el Gobierno Nacional ha anunciado leyes y medidas compensatorias a la eliminación de estos mecanismos de fomento. El propio secretario Michelena ha anunciado, esta semana, tres leyes relacionadas con la llamada “economía naranja”: una ley para la publicidad, una ley de medios públicos y una ley de economía cultural. Sin embargo, ninguno de estos proyectos de ley, hoy por hoy, están ni cercanamente listos. Además, hasta la fecha, ninguno de los actores del sector del cine y audiovisual ha sido convocado para el análisis o la redacción de estos tres proyectos de ley. Por los tiempos políticos y legislativos, el evidente retraso de las tres leyes anunciadas deja a la economía cultural en un vacío de varios años, lo que provocará un estado de inestabilidad dentro del sector, a más del cierre de varias empresas de varios sectores. Precisamente, este vacío legal tendrá un efecto desastroso en uno de los sectores con mayor crecimiento e innovación dentro de la “economía naranja”.

La creación de los mecanismos de fomento que se expresan en varios cuerpos legales (Ley Orgánica de Comunicación, Ley Orgánica de Cultura, Ley de Fomento Productivo) es un trabajo de varias décadas, de varias generaciones de trabajadores del cine y el audiovisual ecuatoriano.

Los trabajadores del cine y el audiovisual del país alertamos que esta emergencia del sector es — creemos— el primer síntoma de una crisis económica y laboral que se generalizará y se replicará en muchos sectores de la economía en los próximos meses. Esto, como producto de una política pública que no está interesada en el fomento, en las pequeñas y medianas empresas, ni en las excepciones comerciales o las reservas de mercado para los sectores más sensibles de la economía del país.

Finalmente, llamamos, con urgencia, al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional para que rectifiquen las decisiones tomadas y asuman una acción efectiva y afirmativa para mantener todos los mecanismos de fomento al audiovisual, como la cuota de contenidos interculturales y la prohibición de importación de publicidad.

Nuestra primera acción como declaratoria de emergencia es el plantón convocado para el jueves 24 de enero, a las 08h00, en la Asamblea Nacional en Quito.

#ElAudiovisualEnEmergencia #sialaproduccionaudiovisualenecuador #ElCineNoSeDetiene

Asociación de Fotógrafos Ecuatorianos (AFE)

Asociación de Creadores del Cine y el Audiovisual de Pueblos y Nacionalidades (ACAPANA) Asociación de Directores y Guionistas de Cine Independiente del Ecuador (ADG)

Asociación de Documentalistas del Ecuador (ADEC)

Asociación Ecuatoriana de Técnicos Cinematográficos (AETC)

Asociación de Productoras Audiovisuales del Ecuador (APAE)

Corporación de Productores Audiovisuales del Ecuador (COPAE)

Asociación de Actores Audiovisuales del Ecuador (UNIACTORES)

Sociedad de Gestión de Artistas y Autores Audiovisuales del Ecuador (UNIARTE)